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lunes, 6 de octubre de 2008

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Colectivo exige una moratoria de la vacuna del cáncer de útero y la retirada de la publicidad engañosa.

La World Association for Cancer Research (WACR) exigió hoy al Ministerio de Sanidad la adopción inmediata de una moratoria de la vacuna del cáncer de útero así como la suspensión de la publicidad 'engañosa' que promueve el tratamiento. En caso contrario, la asociación, cuyo consejo científico preside Ramón Cacabelos, catedrático de Biotecnología y Genómica, emprenderá acciones judiciales para proteger a 'cientos de miles de niñas a las que se pretende inocular una vacuna potencialmente peligrosa, cuya eficacia y seguridad clínica jamás se ha demostrado'.
José Antonio Campoy, presidente de la WACR y fundador de la revista Discovery DSalud, informó a Efe de que la comunicación oficial de esta exigencia ha sido enviada por carta al departamento que dirige Bernat Soria así como a todos los consejeros de Sanidad.La WACR, que tiene entre sus objetivos combatir el supuesto negocio que se hace con tratamientos oncológicos ineficaces, ha dirigido también sus misivas a los grupos científicos que apoyaron la vacunación.Se trata de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) y la Sociedad Española de Citología (SEC).
Los demandantes entienden que la 'mal llamada' Vacuna del Virus del Papiloma Humano se presenta con 'manifiesta falsedad' como un tratamiento contra el cáncer de cérvix, sin ofrecer información acreditada e incluyendo mensajes que crean falsas expectativas. Entre ellos, se dicen cosas sobre este cáncer como 'hoy celebramos que la batalla está ganada', 'por fin encontramos una manera de vencerlo' y 'se termina su historia'.
Reclaman la sustitución íntegra de la campaña por información 'veraz, clara y objetiva' y, en particular, que se informe a los padres de que no se conoce la 'efectividad real' de la vacuna -como dijo públicamente la ex ministra de Sanidad Elena Salgado-, y de que no existe ningún ensayo clínico en niñas de entre 11 y 14 años.
WACR quiere que los padres sepan que la vacuna, comercializada como Gardasil, prevendría -en el caso de que realmente lo haga-cuatro de los más de cien tipos del VPH que 'apenas se detectan en España' y que 'muy especialmente en adolescentes' suelen desaparecer de forma espontánea.
Campoy reclamó que se informe de los efectos secundarios de la vacuna y agregó, como consta en la misiva, que la FDA ha registrado once muertes y cerca de 3.779 reacciones adversas entre junio de 2006 y agosto de 2007.
Tras alegar que en España existe un 'amplio' sector científico contrario a la vacunación masiva, manifestó que se está ocultando que en la comunidad médica 'no hay consenso ni sobre la eficacia ni sobre su seguridad'.
Los miembros de la Asociación censuran la 'alarma social exacerbada e injustificada' creada por esta publicidad y apelan a la escasa incidencia de muertes por cáncer de útero en España -2 por cada 100.000 mujeres-, una de las más bajas de Europa. Critican el 'ingente negocio' y la 'enorme inversión pública' que conlleva, ya que el coste por niña tratada con Gardasil asciende a 464 euros, un dinero que 'podría usarse para la investigación y tratamiento de patologías de mucha mayor incidencia'.
WACR arguye que la aprobación de Gardasil tuvo lugar en 'un plazo inusualmente corto', lo que achaca a la 'presión' de los lobbys de la industria farmacéutica. Subraya que 'no se insiste suficientemente' en que si la vacuna funciona lo hará sólo en niñas que no estén todavía infectadas, un dato que no se comprueba y que impedirá futuras reclamaciones si no es eficaz, algo que, como esgrimía la ex ministra de Sanidad, 'no se conocerá hasta dentro de 30 ó 35 años'.
La organización advierte de que hará responsables penales a quienes la apoyan de los efectos adversos que pueda producir -'incluida la muerte'- y ofrece a los padres asesoramiento legal para que actúen si sus hijas resultan 'gravemente afectadas'.

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